Opinión
Por Marcelo Vera , 11 de marzo de 2021

Inicio del año académico 2021: un millón de sillas vacías

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Y, sin embargo, quedan sillas vacías. Y no por el COVID-19, ni por el estallido social.

En Chile, de acuerdo con la encuesta Casen publicada en 2018, casi 5 millones de personas adultas no tienen cuarto medio completado, lo que supone más de un tercio de la población mayor de edad (la mayoría de ellas son mujeres). A pesar de la voluntad política de numerosas autoridades, y del trabajo incansable de actores privados y sociales, un Decreto – el 548 – limita en forma significativa el número de escuelas de adultos que pueden operar en el país. La norma es de 1989 y hace referencia a la infraestructura requerida para poder abrir escuelas. No contempla un reglamento específico para la educación de adultos, exigiendo para estos recintos los mismos requisitos que se exigen a una escuela regular de niños. Tan grave es la situación que en la mitad de las comunas del país, no existe ni una sola escuela para adultos.

Por casi tres años la mesa de Compromiso País ha impulsado un trabajo conjunto del sector privado, público y las organizaciones sociales para abrir nuevas oportunidades de escolarización. En 2020 casi 200.000 personas lograron nivelar sus estudios, lo que supone apenas un 3% del total de personas sin la educación media completa. A pesar de los esfuerzos, hay miles de sillas vacías en las escuelas a lo largo de todo el país que no pudieron ser aprovechadas para recibir a nuevos estudiantes y ampliar así la oferta, pues el 548 no se los permite.

Solo 1 de cada 3 estudiantes de segmentos vulnerables de nuestra población accede a la educación superior, la que exige el cuarto medio cumplido. La mayoría de los trabajos en el sector público exigen haber finalizado la educación media. En 2020, acelerado por la pandemia, más de 150 mil jóvenes dejaron el colegio. Pronto serán adultos sin escolarización, con limitaciones importantes para salir adelante en el mundo laboral, sumándose a los más de 2 millones de trabajadores independientes sin seguridad social, sin capacidad de cotizar para pensiones dignas y sin apoyo del Estado.

En la encuesta de ingresos suplementaria elaborada por el INE (2019) casi el 50% de las y los trabajadores en Chile percibe un salario mensual de 401.000 pesos o menos. A menor nivel educacional, menores rentas. A quienes no tienen cuarto medio, se les truncan las oportunidades de salir adelante, se limita la empleabilidad, generando más desigualdades en nuestro país. La escolarización y educación de jóvenes y adultos es una deuda histórica que nunca ha sido prioridad. No se puede esperar más.

Hacemos un especial llamado a que las autoridades responsables dentro del Estado colaboren en forma rápida y eficiente para destrabar el Decreto 548 y así lograr que esta asociación públicoprivada pueda ofrecer nuevas oportunidades a millones de chilenos y chilenas que lo necesitan. 


Por:

 Fernando Martínez, Rector AIEP

Rafael Moyano, Director Ejecutivo Escuelas del Cariño

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